De un tiempo a esta parte, asistimos a una serie de episodios en los que no pocos políticos con cargo, están pasando por el banquillo de los acusados, por haber presuntamente cometido algún tipo de delito. Y en esas ocasiones, alguno de los que padecen tan situación, contraatacan de manera que ponen en cuestión las actuaciones, haciendo referencia al factor político (la autoridad judicial está manipulada) o a la conspiración sibilina (el encausado es la inocente víctima de una persecución). Se mata al mensajero, para intentar sembrar la duda entre la opinión pública, que es la que en tres meses procederá a votar y, consecuentemente, a renovar o no a los integrantes de los distintos cargos.
Hoy, aparece en El Peich la declaración que la portavoz del gobierno vasco ha hecho, en relación con las últimas resoluciones, según la cual, manifiestan “alarma” ante lo que consideran una politización de la Justicia que afecta al “ejercicio de derechos fundamentales”. El texto califica de “convulsión” algunas decisiones judiciales de los últimos días, y mantiene que respetarlas “no implica silencio ni cobertura incondicional a su contenido”.
Más vergonzosa ha sido la actuación de Miguel Zerolo, Alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Admitida a trámite una denuncia que le vincula con una trama de corrupción urbanística que afecta a la playa de las Teresitas, el buen señor ha decidido defenderse de una forma que sólo induce a la sospecha. En lugar de esperar acontecimientos y escudarse tranquilamente en el hecho de que el procedimiento esté dando sus primeros pasos, el todavía Alcalde capitalino ha puesto en cuestión los motivos de un proceso penal que viene a llevar a la justicia una situación contra la que llevaban clamando los movimientos ciudadanos chicharreros desde hacía años. Lo sonrojante es que, en un momento determinado, llegó a pedir al Ministro de Justicia que propiciara la retirada de la denuncia (algo sorprendente, habida cuenta que el señor Zerolo es licenciado en Derecho, y sospechoso, en cuanto al concepto que de las relaciones entre el ejecutivo y el judicial implica tal petición). La estrategia actual, es una mezcla de “el pueblo me quiere” y de uso del dinero público para defender a un imputado. Con fondos del Ayuntamiento de Santa Cruz (que no es objeto de acusación alguna), se intenta salvar la cara, dando una explicación absolutamente demencial. Y aunque rige el principio de presunción de inocencia, da la sensación de que hay quien se empeña en echarse una piedra de molino al cuello. No es extraño, de todas maneras, por cuanto las próximas elecciones se barruntan a cara de perro en las islas.
Frente a todo esto, buena parte de la magistratura que ejerce su función en el País Vasco, ha recordado algo que nuestra clase política haría bien en no olvidar: que nadie está por encima de la ley. Concretamente, extracta el diario El País lo siguiente: Los magistrados de mayor relevancia de esa comunidad, y entre ellos el presidente del citado tribunal, han suscrito un artículo en el que recuerdan que “ninguna autoridad de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial goza en España de impunidad penal”, de cara a actos como el de hoy y a las movilizaciones con las que el PNV pretende respaldar a Ibarretxe en su comparecencia ante el juez instructor. El artículo fue remitido ayer a varios medios de información firmado por los presidentes de las audiencias provinciales de Bilbao, Ana Belén Iracheta; de Guipúzcoa, María Victoria Cinto; y de Álava, Iñigo Madaria; y el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra. “La democracia contemporánea”, afirma, “se funda en el gobierno por las leyes y no por la voluntad de las personas; y se construye en torno a la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos al Ordenamiento Jurídico”. En este sentido, recuerdan que, aunque el Código Penal, exime de responsabilidad criminal a la autoridad que obra en el “ejercicio legítimo de su cargo”, es al juez, “y no a la autoridad querellada”, a quien corresponde apreciarlo. Y aludiendo a las concentraciones convocadas en apoyo a Ibarretxe indican que, “por mucho que una mayoría de ciudadanos llegara a apoyar la actuación de la autoridad”, frente a la querella de una “solitaria persona”, el caso sólo puede dirimirse “en el ámbito del proceso penal”.
Cierto es, que como seres humanos que son sus integrantes, la judicatura no está exenta de errores, ni de la probabilidad de cometer actos delictivos. Pero igualmente recuerdan en este texto que, ellos mismos, al igual que aplican la ley, están sujetos a ella, con una fuerza de rango notablemente superior, y concretada en el principio iura novit curia. Los jueces dar respuesta en Derecho –aplicando la ley, la costumbre y los principios generales- a las controversias que se les planteen, sin que puedan alegar desconocimiento o inexactitud de la norma. Las normas, en tanto que creaciones humanas, son imperfectas, pero en la medida en que estén vigentes y hayan sido establecidas conforme a las garantías básicas de un Estado de Derecho, son vinculantes para todos. Especialmente para quienes, como son los políticos y los jueces, forman parte de los poderes públicos. Obviar esto y esconderse en una presunta maldad intrínseca o desviación de intenciones, y extender este prejuicio al conjunto del poder judicial, es únicamente una falacia que busca justificar, en muchos casos, lo injustificable.
Enviado por lcapote a las 00:35 | 0 Comentarios | Enlace
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