Una de las cosas que no me gusta del Presidente Rodríguez Zapatero es su tendencia a anunciar, a bombo y platillo, la salida de planes cuyo contenido es, en el mejor de los casos, nebuloso y en el peor inexistente. No es menos cierto que todos los gobiernos de la democracia han tenido cierta tendencia a vender motos de frenos dudosos o coches de motor más o menos hipotético, pero en tiempos de crisis, cuando se nos anuncia que aún no hemos tocado fondo, sacar de paseo ciertos estandartes parece más bien una forma de jugar al despiste. Hace nada ha salido a la palestra una de las papas calientes más controvertidas de la historia reciente de España: la reforma del aborto.

            El Presidente ha anunciado la salida de un plan en torno a la reforma de la legislación del aborto que, en la actualidad, se encuentra penalizado en nuestro país a excepción de varios supuestos específicos. La actual normativa sobre el aborto en España data de 1985 y se basa en su despenalización cuando se interrumpe en las primeras doce semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta veintidós semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre. Esta reforma fue abordada por el primer gobierno socialista presidido por Felipe González y también tuvo polémica, por cuanto una sentencia del Tribunal Constitucional salvó los muebles de la reforma del Código Penal de entonces y determinó que la expectativa de derecho del nasciturus (concebido mas no nacido) estaba por debajo del derecho pleno de la madre gestante. La resolución no fue, ni mucho menos, unánime, pero como en los partidos de fútbol, poco importa cómo se concretara el resultado, sino el resultado mismo.

            ¿Qué plantea la reforma? De momento, nada de nada, porque se habla de una comisión de expertos, de la necesidad de un consenso… y de darle cancha al Ministerio de Igualdad y a su cabeza visible, en lo que parece ser un intento de darle protagonismo a un departamento sobre el que pesa la losa de “ministerio-florero” (la cual, en mi opinión, es más que merecida). ¿Una reforma del tema del aborto supone un acercamiento a la igualdad? A lo mejor es que, en ese hipotético cambio, el que regaló la semillita que él tenía (modo Les Luthiers ON) también tiene derecho a opinar / decidir. Y a lo mejor eran los Ministerios de Justicia y Sanidad los que tenían vela en este entierro, que la reforma de las leyes penales, sobre todo en puntos tan peliagudos como el aborto y la eutanasia, es un tema bastante peludo. El caso es que, sin que haya nada de nada (pero se intuya que los tiros van por ampliar los supuestos) ya empieza a haber movidita entre defensores y detractores del tema. Los unos, considerando que quien se opone a la reforma es un hipócrita retrógrado; los otros mentando a la parca y poniendo a los abortistas a la altura del Doctor Mengele. Y lo cierto es que aún saber, saber, lo que se dice saber, no sabemos nada.

            ¿Por dónde podrían ir los tiros de la reforma? Con el signo de gobierno que tenemos, hacia la ampliación. Ya la Vicepresidenta primera ha dejado caer, en más de una ocasión, sus simpatías hacia el tema y la tendencia del gabinete al que pertenece de interpretar con laxitud determinadas situaciones (dicho de otro modo: procurar hacer la vista gorda). Sería interesante ver la misma comprensión en otros asuntos donde también hay leyes contra las que parece haber un sentir mayoritariamente en contra (argumento bastante habitual para iniciar una reforma) como el tema del canon en los soportes vírgenes. Será que los nasciturus no pueden salir de manifa, ni pedir el voto, ni apretar las clavijas pidiendo subvenciones para sus chiringuitos… pero me desvío del tema y me está saliendo la vena cabronceta (me disculpen ustedes: es que mañana tengo dentista). Hoy por hoy, los tres supuestos de despenalización plantean una amplitud interpretativa que va en contra del principio de seguridad jurídica inherente al plano penal. Si la ley criminal es clara en torno al concepto de delito, yo sé exactamente qué es lo que me reportaría la sanción penal. Pero si hay conceptos como “malformación” o “riesgo vital” ya la cosa se vuelve más nebulosa y surge la incertidumbre que, no hay que olvidarlo, puede llevar a una persona a sufrir un castigo con consecuencias que no son cosa de broma. En otros países, se ha optado por una ley de plazos, que plantea que hasta las doce semanas exista la posibilidad de un aborto despenalizado (de nuevo, jugamos con el viejo criterio de la forma humana o su apariencia). En el caso de España, esta posibilidad se plantea un tanto difícil, por la dificultad de saltarse el asunto del derecho a la vida contenido en la Constitución (al que todas las normas deben supeditarse) y a la interpretación –vinculante- que del mismo hizo el Tribunal Constitucional en los años ochenta, que permitió abrir la puerta, pero no de par en par.

            ¿Qué pasaría si hubiera una despenalización plena? Con toda seguridad, habría recursos de inconstitucionalidad casi al día siguiente de su entrada en vigor. Los resultados de los mismos estarían vinculados al signo político preeminente en el alto Tribunal (de nuevo, la pregunta paradójica de quién vigila al vigilante). La resolución sobre el tema de la Ley contra la Violencia de Género ha dejado patente que las afinidades partidistas pesan más que el rigor jurídico, así que pudiera ser que viéramos una ley de plazos en España. Ahora bien, el tema requiere mayoría absoluta cualificada y eso ya no es tan simple de conseguir, con un hemiciclo polarizado y unos planteamientos que, dentro de cada partido, distan bastante de ser unánimes.

            Lo que resultaría bastante lamentable sería que, una vez más, el debate terminara una vez se aprobara –o no- la norma en cuestión, cuando en realidad el verdadero interés arrancaría cuando ésta entrara en vigor, porque las leyes sirven para resolver problemas. Son medios para alcanzar fines y no fines en sí mismos. La sentencia favorable a las lamentable normativa penal contra la violencia de género no puede silenciar la inutilidad de una ley que ha sido empleada perversamente (con un elevadísimo número de denuncias falsas) y que, en todo caso, no ha bajado el número de víctimas (que sube y sube sin cesar). ¿Qué sabemos de la introducción de las ayudas para familias con personas discapacitadas a su cargo, que algunas autonomías se han empecinado en torpedear? Pero no hay que quedarse en lo que haya hecho el Gobierno de Rodríguez Zapatero. ¿Resolvió la LOU de Aznar los problemas de la universidad española? ¿Consiguió la reforma de la legislación en materia de propiedad intelectual atajar el asunto de la piratería? ¿Está la justicia española mejor gracias a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000?

Enviado por lcapote a las 03:27 | 6 Comentarios | Enlace