Desde el punto de vista jurídico, suele ser agosto un mes bastante tranquilo. Los Juzgados pasan a actividad mínima y los parlamentos tienen vacaciones de docente (o sea, las del mes en cuestión). Sin embargo, PSOE y PP nos han sorprendido con un acuerdo realizado al final de una legislatura tormentosa y agonizante para reformar la Constitución Española, introduciendo el concepto de “techo de gasto”.

            La justificación oficial es la necesidad de evitar el progresivo endeudamiento de las instituciones públicas, aportando (sic) “tranquilidad a los mercados”. La menos oficial, la presión ejercitada por los gobiernos francés y alemán (que son los que dirigen el cotarro europeo como la monarquía bicéfala de los austrohúngaros) ambos con unos planteamientos económicos bastante liberales pero con unos niveles de desarrollo social bastante más avanzados que los nuestros.

            ¿Qué es lo que supone ese techo presupuestario constitucional? Básicamente, introducir en la carta magna, en la norma suprema del ordenamiento jurídico, la idea de que las administraciones no puedan asumir endeudamiento. Esta estrategia es una evolución de una norma anterior con rango legal cuya eficacia práctica ha sido puesta en tela de juicio por los propios acontecimientos. Sin embargo, la elevación al plano constitucional de una norma de esas características, unida al hecho de que en nuestro país la Carta Magna es virtualmente intocable, tanto por defensores acérrimos (para los que parece ser tabú el entrar a debatir asuntos como la forma de gobierno) como por detractores furibundos (que al no ser plato de gusto, la tiran toda ella al basurero… o al crematorio) indicaría que las instituciones perderían en flexiblidad a la hora de endeudarse. Ahora bien, si tenemos en cuenta que el gasto público supone inversiones –in-ver-sio-nes- en cuestiones como educación, justicia o sanidad, yo querría saber varias cositas:

            Primera.- Si el techo constitucional de gasto supone un recorte en las cuentas de las instituciones ¿qué partidas serán las afectadas?

            Segunda.- Qué pasará con cuestiones como educación, sanidad, justicia investigación y desarrollo, como consecuencia de esto.

            Tercera.- Si son conscientes los promotores de lo mal que huele algo hecho con la “nocturnidad” del estío y a tres semanas hábiles del fin de la legislatura.

            Cuarta.- Si serían capaces de indicar a costa de quién y sobre las costillas de quiénes va a recaer el coste de dar tranquilidad a unos mercados.

            Quinta.- Si son conscientes de la paradoja que supone establecer una regla tan profundamente intervencionista para traer paz a un ámbito –el mercado- que siempre se ha movido buscando las mayores cuotas de libertad.

            P. D. Hace unos meses todo el mundo alucinaba con lo del 15-M. Todo el mundo decía que se había producido un cambio. A día de hoy me pregunto si la peña es consciente de que las manifestaciones y las concentraciones no cambian la situación si no van seguidas del necesario e ingrato deber de meterse en política (que es cosa de todos, por cierto). Dicho de otra forma, si quiere usted cambiar el mundo preséntese a unas elecciones o asalte el palacio del Zar, pero recuerde que entra dentro de la legalidad vigente la reforma que se ha puesto sobre el tapete. Existe la legitimidad, aunque no guste; en un sentido positivista, es justo, aunque no resulte en modo alguno anuncio de un mundo más equitativo.  

Enviado por lcapote a las 22:31 | 5 Comentarios | Enlace